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20 Jul

  • By hernandezmora
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¿Modificación de la lista de acreedores una vez firmes los Textos Definitivos? Esta cuestión se me planteó recientemente en un procedimiento abreviado. La empresa concursada comunicó la existencia de un crédito a favor de cierto ente público y este fue incluido en el listado de acreedores con la cuantía facilitada por la empresa. La entidad pública guardó silencio, no realizó comunicación alguna, no impugnó el Texto Provisional ni los Textos Definitivos de la Administración Concursal.

Antes de la aprobación judicial de la propuesta de convenio pero habiendo ya finalizado el plazo de impugnación de los Textos Definitivos, la entidad pública contactó con la AC por primera vez y manifestó que no estaba de acuerdo con el reconocimiento dado a su crédito, solicitando un incremento en la cuantía reconocida bastante significativo, además de cambios en la clasificación del crédito.

Teniendo en cuenta que todos los plazos de impugnación de la lista de acreedores (artículos 96 y 96 bis) habían finalizado, ¿le quedaba alguna solución a dicho organismo?

Primero recordemos que el artículo 97 LC establece que los interesados que no impugnen los Textos Definitivos a su debido momento (art. 95) no podrán solicitar modificación alguna:

“Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.”

No obstante, esta regla no es absoluta y como señala el artículo existen excepciones, recogidas en sus apartados tercero y cuarto, a los cuales me remito. Por desgracia para la entidad, no se podía ver incluida en ninguno de estos supuestos. Por tanto, ¿se podía dar por vencida?

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la LC introdujo un nuevo artículo, el 97 bis, que abre la posibilidad de modificar los Textos Definitivos, aunque haya expirado el plazo de impugnación establecido, siempre que se solicite antes de que se apruebe la propuesta de convenio o de comenzar a presentar los Informes Trimestrales de Liquidación.

El procedimiento se sencillo: el interesado deberá solicitar la modificación a la AC (y no al Juez), a su vez, la AC emitirá un informe al Juez con una valoración positiva o negativa de la pretensión. Si el informe de la AC es favorable se dará traslado a las partes personadas, tras ello el Juez decidirá. Si fuese negativo la pretensión quedará rechaza, dejando la vía abierta a plantear un incidente concursal.

“1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que recaiga la resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los informes previstos en los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis. A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud. 2. Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el solicitante promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se decida en el mismo. Si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes personadas por el término de diez días. Si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el juez acordará la modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el juez resolverá por medio de auto contra el que cabe interponer recurso de apelación.

Ahora bien, ¿significa esto que mediante la reforma de 2011 se ha introducido una especie de procedimiento residual al que se pueden acoger todos los acreedores despistados que han dejado correr sus plazos? La jurisprudencia ha concretado esta cláusula restringiendo el número de supuestos que puede acogerse a este procedimiento. En concreto, la sentencia de la AP de Madrid de fecha 13 de junio de 2014 resume los casos:

“Ahora bien, a diferencia de lo que erróneamente parece entender el recurrente, el procedimiento para conseguir la modificación de la lista definitiva de acreedores concursales, que está previsto en el artículo 97 bis de la LC, no está abierto a cualquier tipo de pretensión del que considere que tenga un crédito concursal que no hubiese resultado incluido en el listado definitivo, sino que sólo tienen derecho a servirse de él los que se encuentren en alguno de los casos previstos en los nº 3 y 4 de artículo 97 de la Ley Concursal (resolución de impugnación de modificaciones, procedimientos administrativos de comprobación o inspección de los que puedan resultar créditos públicos que se hubiesen iniciado después de la presentación del informe de la administración concursal o del texto definitivo de la lista de acreedores, procesos penales o laborales iniciados después de ese mismo momento y, por último, que con posterioridad a la presentación de los textos definitivos se produjese el cumplimiento de condiciones o contingencias o se reconociesen o confirmasen créditos por acto administrativo, laudo o resolución judicial firme o susceptible de ejecución provisional). El efecto de preclusión que opera como regla general según el artículo 97.1 de la LC sólo resulta excepcionado en supuestos específicos y por vía del procedimiento del artículo 97 bis.En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de la AP de Alicante de fecha 26 de septiembre de 2013.

Por tanto, vemos que la modificación de los Textos Definitivos una vez firmes es una medida excepcional reservada a supuestos delimitados por la LC, que no puede ser usada de forma abusiva en caso de incumplimiento de los plazos procesales establecidos para la impugnación de la lista de acreedores.

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