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27 Jul

  • By hernandezmora
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Una sociedad de capital, como persona jurídica, nace, se desarrolla y muere. Esta muerte o disolución de la sociedad puede ser perfectamente natural por diversas causas, recogidas todas ellas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, como puede ser la conclusión del objeto social, cese de su actividad o problemas de balance. También puede darse la disolución por paralización de sus órganos sociales, supuesto que suele ser bastante conflictivo.

Para que una sociedad sea disuelta, se requiere primero un acuerdo de la Junta General, que será convocada por el órgano de administración, pero en el caso de paralización de los órganos sociales esta convocatoria puede no ser posible por el conflicto existente que impida tomar el acuerdo oportuno (pensemos en el ejemplo de los administradores mancomunados). ¿Qué podemos hacer entonces?

El artículo 366 LSC ofrece una solución, permitiendo a cualquier “interesado” interponer una Acción de Disolución ante el Juez de lo Mercantil cuando la Junta no fuese convocada, no se celebrase, o no adoptase los acuerdos oportunos. Además, este artículo obliga a los administradores a realizar dicha solicitud en los casos citados, no obstante, si el órgano se encuentra paralizado…

Un aspecto procesal muy importante de esta acción es que debe dirigirse contra la sociedad pero, ¿quién representará a la sociedad si el órgano de representación está paralizado?

A primera vista, dicha circunstancia puede considerarse una evidencia de la paralización dentro de la sociedad, no obstante, a veces el trasfondo es muy diferente y existen motivos para defender la continuación de la vida de la sociedad. En estas circunstancias, ¿se queda la sociedad desprotegida e indefensa ante la Acción de Disolución ejercitada? ¿Resulta posible realizar alegaciones al respecto sin depender de la buena voluntad de Su Señoría para escuchar a todos los interesados?

La sociedad probablemente sea declarada en rebeldía ya que los administradores no podrán representarla debido a la paralización del órgano, no obstante, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se cita a continuación, ofrece una salida:

1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.

(…) 3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.

También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones el Secretario judicial dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.

El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.”

Por tanto, incluso en una situación de paralización del órgano de representación, la Acción de Disolución puede ser combatida, si ese es el deseo de alguna de las partes interesadas, como pueden ser los socios, trabajadores, administradores actuando en su propio nombre, etc. Por supuesto, dicho combate tendrá que venir respaldado por sólidos argumentos, ya que si la sociedad ha llegado a este punto su situación es bastante precaria y Su Señoría puede sentirse inclinado por terminar con su sufrimiento.

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